martes, 5 de marzo de 2013

La función pública en España: ahora más que nunca


La función pública en España: ahora más que nunca

Por: Francisco José Franco Fernández

Cualquier analista político medianamente serio lo tiene claro: lo que sobran en España son cargos públicos de aquella especie de los que ni ganaron concurso ni oposición ni jamás fueron elegidos por los ciudadanos (mereciendo nuestra clase política el respeto público y una remuneración que asegure su dedicación en cuerpo y alma a la tarea pública), personajes aquellos curtidos en las salas de reunión de partidos y en los despachos de las administraciones públicas. Debe ser desde ahora el empleado público quien ocupe todos y cada uno de los puestos que no sean elegidos democráticamente, desde las escalas inferiores a las direcciones generales.

La salud de un estado, la fuerza de un estado, se mide en parte por la calidad de su administración, por su habilidad en ser un ente eficiente y corrector de desigualdades. El funcionario público es garantía de imparcialidad y eficiencia en la administración del presupuesto público, y la última esperanza para garantizar en los estados modernos la separación de poderes, clavé de bóveda de cualquier sistema democrático. Ahora como siempre, el funcionario garantiza la estabilidad del estado, la permanencia de las instituciones frente a los necesarios cambios políticos, la continuidad más allá de los mandatos electorales de políticas y programas necesarios para cualquiera país, especialmente en un estado como el nuestro que no soporta más reformas educativas, más parches coyunturales en terrenos como el de la justicia, y que no puede permitirse el lujo de cuestionarse en cada crisis económica su propia estructura política y territorial, sus muchos siglos de rodaje histórico.


Es cierto que las crisis son una buena excusa para andar nuevos caminos, emprender nuevos retos y limpiar las estructuras caducas, pero nunca debemos olvidar que han sido desde aquella lejana depresión del 29 (tan parecida a ésta, tan ligada como ésta a las debilidades del género humano) las políticas estatales activas las que han permitido al capitalismo subsistir y a la democracia resistir frente al totalitarismo, los nacionalismos y el militarismo. Las propuestas de creación de empleo público en Estados Unidos y Francia (como aquel lejano New Deal de Keynes y Roosevelt) demostraron que en tiempos de crisis la apuesta por el empleo público acaba rompiendo la perversa tendencia depresiva a no consumir y estimulando sectores productivos aletargados. Quizás sea éste el camino a emprender, quizás el estado y sus fieles servidores los funcionarios sean los que nos marquen de nuevo el camino a seguir, probablemente impulsando de una forma decidida e innovadora desde el estado sectores económicos de vanguardia, desarrollando políticas de creación de empleo mucho más originales y ligadas al cooperativismo, y siendo la vanguardia de las nuevas tecnologías, vehículo de engarce de la universidad y la empresa, reflejo ante el mundo de lo que es y ha sido siempre el talento de nuestra España miscelánea y multiforme.

La Audiencia Nacional da la razón a los empleados públicos


La Audiencia Nacional da la razón a los empleados públicos


La Audiencia Nacional da la razón a los empleados públicos La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, se felicitó hoy por la decisión de la Audiencia Nacional de plantear una cuestión de inconstitucionalidad por la retirada de la paga extra de Navidad a los empleados públicos.

El presidente de CSI-F, Miguel Borra, considera que esta decisión respalda el argumento de los sindicatos cuando plantearon a las diferentes administraciones que la crisis económica no era una justificación suficiente para retirar, con carácter confiscatorio, las retribuciones económicas y los derechos consolidados del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

A la espera de conocer la decisión final de la justicia, el sindicato cree que la actuación de la Audiencia Nacional es un paso muy importante en la lucha de los trabajadores por recuperar su paga.

En este sentido, Miguel Borra advierte que tanto el Gobierno, como las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía o Galicia (que recientemente han adoptado medidas similares) deben tomar buena nota porque van a empezar a recibir un goteo constante de resoluciones judiciales en contra de sus recortes arbitrarios e injustos.

CSI-F y el resto de los sindicatos que forman parte de la Plataforma Sindical y de Organizaciones Profesionales de las Administraciones Públicas, han planteado reclamaciones de la paga extra en todos los niveles y sectores de la Administración.

Una de las últimas fue esta misma semana, con la presentación de una demanda para reclamar la paga de los más de 50.000 trabajadores laborales que forman parte de la Administración General del Estado.

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